Unas oposiciones amañadas

Oposiciones amañadas
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Las sospechas de amaño sobre varios de los exámenes realizados por el Ayuntamiento de Zaragoza podrían generar un goteo constante de reclamaciones e incluso paralizar los procesos futuros, según alertan los expertos. PP y Cs llevarán a la Fiscalía el presunto fraude que se ha detectado en varios exámenes, por lo que será la Justicia quien decida si investiga si se ha producido o no un amaño en uno o varios exámenes, cuyos casos van aumentando desde que se diera a conocer la primera de las oposiciones supuestamente fraudulentas, que era para oficial de cementerio.

En el caso de que elevase este asunto y de que un juez de instrucción constatase que se ha podido cometer un fraude en el proceso, podría acabar suspendiendo todos los procesos selectivos y paralizar las tomas de posesión pendientes, explica el letrado Santiago Palazón. Todos aquellos perjudicados, además, podrían personarse en la causa como denunciantes de un proceso que, cabe la posibilidad, se anule.

En este caso, explica este abogado, si el juez declarara nulo el examen, aquellos que hubieran tomado posesión de su cargo tendrían que ser cesados, salvo que el consistorio decidiera mantenerlos en su cargo.

El letrado añade que en el caso de los supuestos amaños detectados en los exámenes municipales se produciría una situación de «bilateralidad», es decir, que una parte ha cometido el delito a la hora de elaborar el contenido de la prueba y otra se ha beneficiado, siendo partícipe del mismo. 

Según Palazón, la Justicia podría adoptar medidas siempre que los exámenes se hayan realizados a partir de 2016, que es hasta donde llega el «delito de prevaricación», pues las pruebas más lejanas, aunque hubieran sido fraudulentas, ya habrían prescrito.

Mientras, y aunque el ayuntamiento pretende que sea la Fiscalía quien investigue lo ocurrido, desde el equipo de PP y Cs aseguran que todavía no han recibido el informe de la oficina de Recursos Humanos que se les reclamó cuando se conoció el primer caso de examen presuntamente amañado. El test contenía opciones puntuadas de una manera que permitía conocer las respuestas correctas. 

Sospechas recogidas ante notario

Más allá de los presuntos casos de amaño que se han ido conociendo recientemente, los procesos de oposición son siempre complicados y suelen conllevar quejas por parte de aquellos aspirantes que no han conseguido plaza. A veces las alegaciones tienen más o menos fundamento, prosperan o no, si bien este diario ha tenido acceso a dos declaraciones realizadas ante notario sobre presuntas irregularidades en algunos exámenes.

Se trata de una prueba correspondiente al proceso selectivo de doce plazas de técnico auxiliar sociocultural que se celebró el 20 de marzo de 2021. La persona que comparece ante el notario para que este recoja sus manifestaciones declara que, una vez comenzó la segunda parte del examen, que tenía una duración indicada de solo 35 minutos, «dos aspirantes de género femenino se levantan de su sitio junto a uno de los miembros del tribunal (o personal designado por el mismo), de género masculino, para ir al wc durante, al menos, cinco minutos».

Lo cierto es que, antes de comenzar el test, y según la declaración de esta testigo, el tribunal ya había informado a los aspirantes de que sí que podrían ir al baño una vez comenzara la prueba, pero la cuestión es que en «las otras aulas se indicó de forma explícita que estaba totalmente prohibido salir de la clase donde se realizaba el examen mientras el mismo estuviera en curso y hasta su finalización», algo que se hace para evitar posibles fraudes.

El segundo caso reflejado en un acta notarial y al que también ha tenido acceso este diario atañe a una oposición celebrada también el 20 de marzo de 2021 y que se hizo en el edificio Río Ebro.

El aspirante declara ante el fedatario público que «tras haberse dado comienzo a la indicada prueba, previos los trámites oportunos de identificación y lectura de las normas que regirían el examen en cuestión, fue testigo de que una de las opositoras llegó al examen entre 10 y 11 minutos tarde», y que esta estaba acompañada por uno de los responsables de la oficina de Recursos Humanos del ayuntamiento. Entraron al aula, dice el testigo, «interrumpiendo el normal desarrollo del examen».

Una vez dentro de la clase, el responsable de Recursos Humanos que acompañaba a la opositora «solicita a los miembros de la mesa que la identifiquen y que le entreguen el examen» para poder realizarlo, a pesar de que ya se había iniciado la prueba y se había abierto el cuestionario. 

Fuente: El Periódico de Aragón

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